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Hoy arrancó la nueva justicia penal en Santa Fe Imprimir E-mail
Lunes, 10 de Febrero de 2014 15:32

El pasaje de un modelo inquisitivo a otro acusatorio es un cambio institucional sin precedentes en la historia de la provincia. El gobernador visitó en la mañana las nuevas salas de Audiencias y Oficinas de Gestión Judicial.

 

 

Hoy no será un lunes más en la provincia: se recordará como un mojón histórico que marca un antes y un después en la justicia penal de Santa Fe. El sistema inquisitivo, escrito, caracterizado por la centralidad del expediente, quedará archivado, definitivamente, en un pasado donde abundan imágenes de una justicia lejana e inaccesible. El nuevo modelo, en cambio, es oral y público en todas sus instancias (no sólo en el juicio). El proceso está a la vista de las partes y de la sociedad, lo que determina una justicia más ágil, transparente, cercana y, sobre todo, más comprensible y humana.

El gobernador Antonio Bonfatti, junto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, se reunió cerca de las 11:30 con los miembros de la Corte y luego recorrieron las nuevas salas de Audiencias y Oficinas de Gestión Judicial, ubicadas en San Jerónimo 1551 de la ciudad de Santa Fe. También estarán presentes el vicegobernador Jorge Henn; y los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; y de Seguridad, Raúl Lamberto.

En el nuevo enjuiciamiento penal, la víctima de un delito o sus familiares, convidados de piedra en el sistema anterior pues no eran parte del proceso, pasan a ocupar el centro de la escena, porque pueden convertirse en querellantes y recibir respuestas más rápidas y acordes a sus necesidades. Otra novedad es que los fiscales se encargan de investigar y los jueces sólo tienen por obligación resolver, en función de las pruebas y elementos aportados por el Ministerio Público de la Acusación y la defensa.

Este histórico cambio reconfigura por completo la justicia de Santa Fe, poniéndola en consonancia con los principios que contiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales. “De esta manera se salda una vieja deuda y se cumple con una asignatura pendiente que el Poder Ejecutivo asumió como política de Estado para articular con el resto de los poderes”, indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.

Ahora todo el proceso se desarrolla públicamente, a la vista de las partes y de la ciudadanía en general. El secretismo del sistema escrito deja lugar a la transparencia y la lentitud del expediente es reemplazada por la agilidad de la oralidad y por nuevos procedimientos administrativos. Las personas pasan a ser protagonistas. “Esta transformación implica un profundo cambio cultural, un nuevo paradigma y una nueva distribución del poder”, señaló Lewis, al frente del Ministerio que ha sido órgano de implementación de la reforma. “Constituye una de las transformaciones institucionales más grandes en la provincia desde el retorno a la democracia”, subrayó el ministro.


Un antes y un después

En el viejo sistema, denominado “inquisitivo”, el juez tenía un papel fundamental, excesivo, porque se encargaba de investigar, impulsar la causa y dictar sentencia. Ahora, sólo debe decidir en el marco de una audiencia oral. El fiscal, representante de los intereses sociales, establece en cada caso si lleva adelante la persecución penal o no, y si resuelve hacerlo, reúne la prueba, prepara su caso, presenta la acusación y la sostiene. El defensor, representante de los exclusivos intereses de su defendido, reacciona frente a la pretensión del fiscal. El tribunal se expide, luego de oír a las partes, y procurando que se respete la ley en todo momento del proceso. Para garantizar esta nueva dinámica, se dictaron leyes complementarias al nuevo Código de Procedimientos, entre ellas las que crean el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, los cuales nuclean a fiscales y defensores respectivamente.

Además de estas instituciones, que pertenecen al ámbito judicial, se crearon otros organismos y reparticiones que suman funciones y desconcentran poder. Como los nuevos tribunales penales (ahora los jueces trabajan en colegios y no en juzgados, es decir que hay un pool de magistrados a quienes se les va asignando casos para que resuelvan) y la Oficina de Gestión Judicial, que organiza el sistema de audiencias y se encarga de todo lo administrativo. Por otra parte, el Poder Ejecutivo creó cinco Centros de Asistencia Judicial (CAJ) a lo largo de la provincia para asistir a las víctimas en situación de vulnerabilidad. Los CAJ cuentan con oficinas de asistencia a la víctima y de mediación penal, un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales y permite alcanzar acuerdos reparatorios.

Es que con el nuevo sistema, además de la tradicional sentencia “culpable o inocente”, es posible arribar a acuerdos y plantear salidas alternativas al juicio para una resolución real del conflicto. “Este modelo es jurídicamente más acomodado, con mayor versatilidad para resolver más eficazmente el conflicto, y también aparece con herramientas nuevas”, indicó en ese sentido Lewis.

La reforma fue compleja porque implicó, además de cambiar leyes, capacitar a los operadores y montar las estructuras de los nuevos organismos en lo concerniente a recursos humanos y materiales (inmuebles, telefonía, movilidad, etcétera), de allí los tres ejes de la implementación en los que trabajó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: lo normativo, la capacitación y la infraestructura. En este último aspecto, vale decir que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal disponen de inmuebles en todas las circunscripciones judiciales. También junto al Poder Judicial se adecuaron los espacios edilicios con una impronta que permita el funcionamiento de una forma distinta de administrar justicia.

Se planteó como objetivo que los tribunales penales tuvieran un diseño adecuado a las exigencias tecnológicas de la oralidad, que priorizara el establecimiento de circuitos de circulación diferenciados entre jueces, imputados, y público en general. En dicho sentido se refuncionalizaron espacios para acondicionar salas de audiencia en toda la provincia y montar Oficinas de Gestión Judicial (OGJ). Por otra parte está en pleno desarrollo la construcción del Centro de Justicia Penal de Rosario, obra arquitectónica emblemática que albergará a los nuevos Tribunales Penales, el MPA y el SPPDP.

Para la designación de funcionarios, se realizaron concursos bajo las premisas de transparencia, excelencia, celeridad, regionalización y participación ciudadana.  Actualmente se encuentran designados el Fiscal general, el Defensor provincial, cuatro de los cinco Fiscales Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela) y los cincos Defensores Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto). Es decir un total de 11 autoridades. Asimismo, han sido designados 105 funcionarios (66 fiscales y 39 defensores públicos), restando el acuerdo legislativo de 12 pliegos enviados a fines del año pasado para su designación (dos cargos de fiscales adjuntos y 10 de defensores públicos adjuntos).

En cuanto a funcionarios y empleados de las nuevas instituciones y de los tribunales penales, a través de distintas leyes se crearon en total más de 700 cargos. El Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y la Oficina de Gestión Judicial contarán además con empleados que se desempeñaban en el viejo sistema de justicia y que optaron por ingresar a esas nuevas instituciones.

En cuanto a los magistrados, desde 2010 se designaron en toda la provincia 13 jueces para la Cámara Penal (intervienen en los recursos que plantean fiscales y defensores), cubriéndose 35 cargos de jueces de primera instancia. Todos ellos se encuentran en funciones y además se están concursando 13 cargos para juez. La Corte Suprema dispuso que a partir del 10 de febrero cumplirán funciones exclusivamente en el nuevo sistema de justicia penal 26 jueces en toda la provincia, asimismo aquellos de distritos más pequeños cumplirán funciones en ambos sistemas. A modo de ejemplo, en Rosario se desempeñarán exclusivamente en el nuevo sistema 10 magistrados, mientras que en la ciudad de Santa Fe lo harán 6. A medida que vayan concluyendo las causas del sistema residual, la Corte Suprema de Justicia irá afectando más jueces al nuevo sistema, que arranca con carga de trabajo cero.

 



Una nueva etapa

La  implementación del nuevo proceso penal fue diseñada y sancionada por ley en 2008. Se estableció que fuera una implementación gradual, por materias y por etapas (no por regiones, como había sucedido en otros países de Latinoamérica). Esto obedece a que se buscó preservar la igualdad entre los habitantes de la provincia, independientemente de la región geográfica en la que se encontraran a la hora de sufrir o cometer un delito.

Desde entonces se trabajó intensamente en los ejes normativo, de capacitación y de infraestructura. Y se está desarrollando un sistema informático integral para la nueva justicia penal, algo inédito en la provincia, a tono con la reforma del Estado que implica el cambio de modelo. En septiembre de 2013 se fijó la fecha para la entrada en vigencia definitiva del sistema acusatorio: el 10 de febrero de 2014.

Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, esta etapa que comienza en pocas horas “viene a plasmar cuestiones que desde las universidades se han defendido teóricamente durante muchísimo tiempo y en las que nosotros nos hemos empapado, pero de manera teórica, y ahora vienen a convertirse en una realidad. De modo que es algo que todos anhelábamos y al mismo tiempo hay que hacer camino al andar”, señaló Lewis.

Tras un largo proceso, finalmente, hoy se abre una nueva etapa en Santa Fe. Un cambio institucional sin precedentes en la historia de la provincia. Un avance en los derechos de la ciudadanía, que ahora tiene a su disposición una justicia penal más cercana, accesible y transparente.
 

 

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